Condena internacional a los golpistas bolivianos

El periodista y político boliviano Mario V. Guzmán Galarza, desde sus tiempos de exilio 1971 en México, se incorporó al diario El Día, desde donde sus notas de análisis y de denuncia de los tiempos críticos en la política boliviana, se ha convertido en el defensor de los derechos humanos y principalmente desde su óptica política en defensor de los recursos naturales bolivianos. Es autor del libro: “El M.N.R. y la revolución americana en marcha” Guzmán Galarza, Mario V. (La Paz : Del Estado, 1961). La nota que reproducimos a continuación, esta escrito por él, en 1980, cuando el general Luis Garcia Meza, asalta la presidencia boliviana.



Por si acaso alguien dudaba todavía sobre la naturaleza y fines del golpe militar que interrumpió violentamente el proceso democrático de Bolivia, en la aciaga mañana del día 17 de julio, el comandante en jefe del Ejército y ahora presidente del gobierno de facto , general Luis García Meza, acaba de declarar que se quedará 20 años en el poder para que las nuevas generaciones reciban un país limpio del cáncer marxista, luego de rendir tributo de admiración al general Augusto Pinochet, con quien se comparó en una entrevista concedida al semanario Somos (El Día, 26/07/80).

Cuando se le preguntó si era amigo del general Pinochet, el ideólogo de la “democracia inédita”, que ahora ya no es tal, contestó: “Todos los militares somos amigos porque tenemos la misma formación “. Y agregó: En este sentido quiero que el general Pinochet sepa que lo siento como un amigo con el cual me gustaría charla alguna vez”. Seguidamente reveló que un encuentro entre ambos podría llevarse a cabo mucho antes “de lo que puedan pensar”. Y por si fuera poco, quien se había pronunciado meses antes por el empleo de la fuerza para recuperar el litoral marítimo boliviano que Chile ocupó durante la Guerra del Pacífico de 1879, se declaró partidario de la reanudación de relaciones que fueron rotas primero en 1962 y luego en 1978, con la finalidad de revisar todas las formas de relación. Además, García Meza se mostró respetuoso de los tratados suscritos con Chile y reiteró su deseo de restablecer las relaciones entre los dos países, abandonando tácitamente las declaraciones bolivianas que motivaron el rompimiento de relaciones, en relación con la histórica y justa demanda de reivindicación marítima.

Las declaraciones de García Meza, obviamente, trazan la fisonomía política del nuevo régimen militar, porque definen el contenido antidemocrático y antinacional de un sistema autoritario de gobierno, es decir, totalitario en el cabal sentido de la palabra que, como en Chile, recurriendo a los manidos pretextos de siempre, persigue a todos los que se oponen a la dictadura, a los que reclaman un Estado de derecho, el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el respeto de los derechos humanos, no sólo a dirigentes políticos y sindicales, sino también a los representantes de la Iglesia Católica, como el cardenal Silva en Santiago y el arzobispo Manrique de La Paz. Esta similitud no es producto de la coincidencia ocasional, sino el reflejo de una identidad absoluta en el desprecio de la libertad y de todos los valores inherente a la dignidad humana.

Naturalmente, el general García Meza no representa al pueblo boliviano. Consiguientemente, todo lo que diga o haga en nombre de Bolivia es nulo de pleno derecho, porque se trata del jefe de un régimen de facto, esencialmente ilegítimo, surgido de un acto de fuerza que usurpó la soberanía popular, al tomar el poder en contra de la voluntad popular, Por lo tanto, cualquier convenio, acuerdo o tratado que se suscriba con Chile o con otro país, al margen del control constitucional de la política exterior, será desconocido por el pueblo boliviano.

UNA AMENAZA CONTRA LA DEMOCRACIA

Según aforismo jurídico que dice “ a confesión de parte relevo de prueba”, las declaraciones de García Meza ya no dejan duda alguna de que lo que sucedió en Bolivia, constituye un hecho idéntico a la violación del orden constitucional y a la transgresión flagrante de la normas jurídicas relativas a los derechos y garantías, que en Chile determinaron el establecimiento de un régimen dictatorial sin precedentes en el país.

Sin embargo, cuando la OEA condenó el golpe militar que truncó de manera violenta el proceso democrático de Bolivia, los regímenes dictatoriales del Cono Sur invocaron el principio de no intervención, para tratar de evitar otras medidas más drásticas que podrían resultar de una reunión de consulta, si la propuesta de Nicaragua prosperara con el apoyo de los gobiernos democráticos de América Latina. A nadie escapa, sin duda alguna, que la defensa del principio de no intervención no es incompatible, de ninguna manera, con la defensa del principio de libre autodeterminación de los pueblos. Y es que los golpes de Estado, compréndase de una vez, cancelan por la fuerza el derecho de libre determinación, independiente de que violen los derechos fundamentales del hombre.

Bolivia, como otras naciones, ha respetado siempre el principio de no intervención, no sólo porque a raíz de la guerra del Chaco se iniciaron las reuniones de consulta que dieron cuerpo a la no intervención, sino porque se trata de un país pacifista que ha sufrido agresiones y mutilaciones de su territorio, por parte de vecinos tan codiciosos como voraces. Así fue despojado de su litoral marítimo por Chile y del Acre por el Brasil, aunque los demás vecinos, como el Paraguay, con la ayuda de Argentina, también buscaron su botín en el desmembramiento de Bolivia. Ahora, empero, Chile y Paraguay votaron en la OEA en favor de los golpistas, mientras Argentina, Brasil, Uruguay y la tropical dictadura de Guatemala, se abstenían con sinuosas alusiones al principio de no intervención.

Y es aquí donde cabe preguntar: ¿Es la no intervención un escudo que permite la violación impune del derecho de libre determinación, la sistemática violación de los derechos humanos y toda suerte de crímenes contra la libertad y la dignidad de la persona humana? Naturalmente que no, porque una concepción semejante echaría por tierra la noción de soberanía fundada en la voluntad del pueblo, dado que nadie está facultado a usurpar la soberanía popular al amparo de la no intervención. Si se convalidaran los golpes de Estado en nombre de la no intervención o cualquier otro principio, habría que decretar la muerte de la democracia y la extinción definitiva de la libertad, considerada como atributo de la dignidad humana.

La cláusula 3ª. Del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos del hombre, dice: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice a la libertad del voto”. Cabe recordar, por otra parte, que en esta Declaración aprobada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se afirma que los pueblos han depositado en la Carta de la ONU su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor dela persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres; se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de la vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, para que, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.

El artículo 1º. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 a su vez, dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El ART. 18 consagra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Art. 8º. Asegura el derecho de las personas a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Podría seguir citando la carta de la OEA, la carta de la ONU, la carta de la OIT y otros instrumentos jurídicos internacionales, para demostrar que el derecho de libre determinación es el fundamento de una sociedad libre, de hombres libres. Sin la voluntad popular no hay soberanía ni mucho menos legitimidad. La no intervención debe fundarse en la soberanía, como garantía de que no será vulnerable como tampoco agredida la integridad territorial.

La condena internacional contra los golpistas, en consecuencia, no ha mellado el principio de no intervención, sino que ella está enderezada contra la usurpación de la soberanía popular, la violación de los derechos humanos, la transgresión del orden constitucional y la interrupción violenta de un proceso democrático, que se ha realizado con desprecio de la libertad y la voluntad del pueblo boliviano. La solidaridad con el pueblo boliviano representa, por lo mismo, un apoyo a su derecho de libre determinación y a su lucha por el restablecimiento de las libertades democráticas, en un Estado de derecho, dentro de un régimen de garantías y con respeto a la vida y los valores de la persona humana.

EL DIA, México D.F. 28 de julio 1980